San José, 28 jun (PL) El golpe de Estado en Honduras trata de impedir el ejercicio de la democracia participativa, de ponerle un bozal al pueblo, y ello carece de justificación alguna, dijo hoy el presidente de esa nación centroamericana, Manuel Zelaya.
El mandatario, quien llegó a esta capital secuestrado por los militares de su país, explicó en conferencia de prensa que la cúpula del ejército y de sectores oligárquicos hacen todo lo posible para evitar la transformación democrática.
Una encuesta promovida por el Ejecutivo originó la crisis, aunque carece de carácter vinculante y su objetivo era conocer solamente las opiniones de los ciudadanos acerca de la necesidad de introducir cambios en el ordenamiento constitucional, advirtió el dignatario.
Zelaya reconoció que la consulta enfrentó la oposición de la cúpula del Congreso Nacional, de otras instituciones del Estado y la dirigencia de las fuerzas armadas, desde un primer momento.
Pero nada, dijo, justifica el golpe de Estado, la interrupción del proceso democrático por mucha divergencia política que haya.
Honduras, recordó, es un país democrático y en democracia hay derecho a la oposición, a tener posturas divergentes.
Si una encuesta provoca un golpe de Estado y sacan a empellones al presidente del país, no hay Estado de Derecho, es un atropello al Estado de Derecho, afirmó el mandatario, quien calificó el hecho de arbitrariedad monstruosa por parte de las élites políticas con respaldo de la cúpula militar.
La encuesta, precisó, atiende a una iniciativa ciudadana; en mi oficina hay más de 400 mil solicitudes firmadas por hondureños, pidiendo esa recogida de opiniones de manera libre y voluntaria.
En Costa Rica, contrastó, el presidente Oscar Arias convocó a referendo cuando fue preciso someter a consideración del pueblo la aprobación del Tratado de Libre Comercio, pero una decisión de ese tipo sería imposible en Honduras pues la legislación lo impide.
Recientemente, explicó, fue aprobada una ley especial sobre el plebiscito y el referendo; sin embargo, ninguno de esos dos mecanismos podría usarse para preguntarle al pueblo sobre presupuesto nacional, asuntos fiscales, tributarios y económicos, ni tampoco para temas sociales y tratados internacionales.
¿Para qué sirven?, entonces, si limitan los derechos ciudadanos, cuestionó.
En ninguna parte del mundo, apreció, una ley puede ir en contra de los derechos fundamentales a la libertad, la justicia, la vida y la participación; el único artículo pétreo en esas legislaciones es que ninguna norma jurídica puede disminuir los derechos del pueblo.
Los golpistas, subrayó, quieren taparles la boca a los hondureños, ponerle un bozal para que estén imposibilitados de expresar sus intereses.
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